A pesar de que Galicia vivió el quinto mes de agosto más cálido de su historia el pasado año y la comunidad registró varios incendios de mayor envergadura, 2024 se saldó con 2.644,7 hectáreas calcinadas, la segunda cifra más baja de los últimos registros y la más reducida de la serie histórica si se considera únicamente en conjunto el período de alto riesgo, los meses de julio, agosto y septiembre. Los expertos suelen decir que el fuego se apaga antes de que la llama prenda, en tareas de prevención, y una filosofía similar comparten los agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), que consideran la lucha contra el fuego «uno de los objetivos básicos» del cuerpo. Además de esclarecer incendios, una de sus encomiendas es vigilar que los propietarios de terrenos cumplen con la obligación de limpiar las franjas de seguridad en zonas sensibles y el año pasado denunciaron 940 casos de incumplimiento.
Evolución de las denuncias
Los datos facilitados por la Consellería de Presidencia revelan que las denuncias por no mantener las zonas despejadas de biomasa reportadas por los agentes registran un descenso de un 22 por ciento con respecto a las trasladadas por la UPA en 2023 por la misma causa y esa disminución es superior —de una tercera parte— si se toma como referencia 2022. El que los propietarios de terrenos se expongan a sanciones por no desbrozar la maleza donde deben incide en que los incumplimientos vayan a menos. De hecho, la Consellería do Medio Rural lanza 140.000 apercibimientos al año a dueños de terrenos para limpiar las fincas de maleza y desde enero de 2023 esas notificaciones que recuerdan la obligación legal ya tienen validez por un cuatrienio, sin necesidad de tener que enviarlas cada año, en virtud de una reforma legal.
Vigilancia preventiva
La vigilancia del cumplimiento de las franjas de seguridad es una de las actividades de carácter preventivo que asume la Policía Autonómica. En su memoria, los agentes explican que la legislación busca crear espacios libres de vegetación, a modo de cortafuegos, que aspiran a impedir el avance de las llamas. «Legalmente», indican en su último balance anual publicado, «deben respetarse alrededor de zonas sensibles, como gasolineras, urbanizaciones y viviendas del rural, servidumbres de tendidos eléctricos, vías de comunicación, trayectos ferroviarios, etc.»
Son las irregularidades materializadas en la falta de desbroces las que motivan la inmensa mayoría —casi el 96 por ciento— de las actas de denuncia levantadas por los agentes autonómicos en este ámbito, pero aun así solo se detectan incumplimientos en el 45% de las inspecciones realizadas para comprobar esta obligación.
Pero dentro de las actuaciones preventivas llevadas a cabo el año pasado para evitar incendios forestales y que desembocan en denuncias por infracciones administrativas también se incluyen las quemas irregulares realizadas por particulares, el pastoreo en zonas ardidas o el cambio de uso o de cultivos tras un incendio.
En total, sumando los reportes de fincas sin desbrozar, las denuncias llegan a las 980. La insistencia con el control de las quemas y la labor de las patrullas ha concluido con 16 denuncias en ese ámbito entre 448 inspecciones realizadas. No consta ningún expediente por pastoreo ilícito, tras 110 controles. Por lo que respecta a los cambios de uso de suelo y de cultivos, que conllevaron un total de 209 inspecciones de la UPA, solo culminaron en reporte un total de 25 por realizar aprovechamientos de suelos ardidos, ya sea forestal, urbanístico o agropecuario, por ejemplo, sin los permisos preceptivos. En global, de las 2.899 inspecciones de la Policía autonómica relacionadas con esta labor preventiva de incendios, solo un tercio culminó en denuncia.
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