El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha tenido conocimiento, durante un viaje en Francia, del auto de la jueza de la dana en el que acuerda que el también diputado provincial declare como testigo, junto al de Algemesí, al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana y a tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tal como ha informado este diario.
“Desconozco el auto”, ha expuesto Gabaldón, al principio sorprendido al ser preguntado, pero ha añadido que si la jueza “ha considerado que tengo que declarar, estoy a disposición de lo que se me requiera, para contestar a todo lo que me pregunten sobre ese fatídico día”, ha añadido.
Tras tener conocimiento por Levante-EMV de la noticia sobre su citación judicial como testigo, Gabaldón ha expresado que “es en el juzgado donde se tiene que dilucidar todo lo que pasó y por eso diré todo lo que hice. Creo que cuanto más se clarifique todo lo que pasó será lo mejor, para que no se vuelva a repetir”.
En el auto la magistrada ha inadmitido el ejercicio de la acción penal contra el alcalde del PP solicitada en una denuncia por las hijas de una fallecida. La jueza de la dana ha considerado que existe una “diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección”. Cabe recordar que, según ha relatado en diversas entrevistas, Gabaldón suspendió las clases en los colegios e institutos ya de madrugada.
“No conozco la resolución judicial”, reiteraba el primer edil de Utiel sobre la petición de imputación de una acusación. “Estoy sorprendido”, declaraba, para añadir que en estos momentos solo podía asegurar su colaboración con la justicia y que “todos vayamos de la mano para que no vuelva a pasar” nada parecido. “Hay que dejarse de dimes y dirites entre unos y otros”, confesaba en alusión a las disputas de relatos entre administraciones.
Defensa de los alcaldes
El auto de la jueza, argumenta sobre la negativa a imputar al también diputado provincial, que “el análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento, sino en general por la totalidad de ellos, a diferencia de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la Administración autonómica, quienes contaban con múltiples canales de información (…), impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes, quienes se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar”, precisa la instructora.
Es por ello que concluye que la atribución “indiscriminada” de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las autoridades locales “ha de descartarse de plano”. Por el contrario, la juez sí acuerda que este alcalde declare en calidad de testigo.
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