Una gestión “totalmente personalista” en una situación económica “catastrófica” fue el denominador común señalado por los testigos que comparecieron este martes en la séptima sesión del juicio contra el expresidente del Córdoba CF, Jesús León, por el conocido como ‘caso saqueo‘. La vista, celebrada en la Audiencia Provincial de Córdoba, contó con la declaración por videoconferencia de Carlos González, también expresidente del club y anterior propietario, quien negó haber firmado la famosa adenda al contrato de la Ciudad Deportiva que permitió a León cobrar un millón de euros del Córdoba CF.
La sesión transcurrió en medio de un tenso interrogatorio, en el que el juez tuvo que interrumpir en varias ocasiones a la abogada del acusado para pedirle que se ciñera al orden de las cuestiones. Además, la contable del club durante la etapa de León, Rosa María Agredano, no acudió pese a estar citada como testigo, lo que llevó a que la acusación, la fiscalía y la defensa solicitaran su nueva citación.
Jesús León arrives at the courts accompanied by his lawyer. / A. J. González
González niega la existencia de la adenda
Carlos González fue el primero en declarar. Expresó que, al momento de la venta a Jesús León, el club tenía “2,5 millones de euros en caja y un patrimonio de 20 millones”, y reiteró que el contrato de compraventa incluía una cláusula que permitía revertir la propiedad del club en caso de incumplimiento de los pagos pactados.
Las preguntas de la acusación se centraron en la mencionada adenda, que León aseguraba contar con la firma de González y por la cual cobró un millón de euros. La Guardia Civil reiteró en el juicio que la firma no era auténtica y González insistió en que nunca firmó ese documento, que dicha adenda no existía y que ningún empleado del club —ni siquiera el entonces director general Andrés Delgado, quien supuestamente la habría remitido a León— tenía su firma digitalizada ni podía firmar en su nombre. También negó rotundamente que la adenda formara parte del contrato de compraventa.
A continuación, declaró Rafael Ruiz, propietario del chalet arrendado por Jesús León, quien explicó que el contrato de arrendamiento duró tres años y que, aunque se estipuló un pago mensual, en la práctica recibió un abono anual y otro trimestral, lo que interpretó como un adelanto de rentas.
Situación límite con LaLiga
Antonio Romero Campanero, miembro del Consejo de Administración del Córdoba CF entre enero y junio de 2018 y nieto de Rafael Campanero, también compareció. Declaró que el consejo se reunía únicamente para cuestiones sociales, como decidir a qué cofradías acudir en Semana Santa, y nunca para abordar asuntos económicos. Aseguró que el único documento financiero firmado por el consejo fueron unas cuentas intermedias elaboradas por el anterior equipo directivo, necesarias para que LaLiga permitiera al equipo competir. Posteriormente, reconoció que aquello fue “un error”.
Image of the seventh session of the ‘Looting Case’. / A. J. González
Romero Campanero afirmó que dimitió en junio de ese año debido a la gestión “absolutamente personalista” de León. Señaló que cuando el presidente debía afrontar un pago de 1,5 millones de euros a González, fue consciente de que no tenía fondos y que el dinero saldría directamente del club. A pesar de ello, desde la presidencia se insistía en que las cuentas estaban “saneadas”. También mencionó que en la contabilidad figuraba un asiento de 1,5 millones de euros transferidos a una empresa de Jesús León, algo que él se negó a aprobar.
El cuarto testigo fue Alfredo García Amado, director general entre agosto de 2018 y enero de 2019, y consejero hasta agosto de ese mismo año. Respaldó las declaraciones de Romero Campanero, subrayando que “todas las decisiones las tomaba Jesús León” y que “las cuentas las gestionaba exclusivamente él”. Afirmó que la situación económica del club era “catastrófica” y que se llegó a temer por su continuidad en la competición. Por ello, se tomó la decisión de vender a los principales activos del equipo: Sasa Jovanovic, Aguado, Sergi Guardiola y Andrés Martín. En cuanto a la adenda, comentó que tuvo conocimiento de ella en una junta de 2019. Añadió que el club no tenía dinero para pagar a la empresa encargada de unas reformas en El Arcángel, propiedad de Ildefonso León, hermano del expresidente. También confirmó la existencia de dos transferencias de unos 90.000 euros cada una del club a Grucal, aunque matizó que “no era lo habitual”.
“No es que hubiera tensión; es que no se cobraba
Finalmente, declaró Juan Ramón Berdugo, abogado del club entre junio de 2018 y agosto de 2019. Aseguró que el consejo solo se reunía para cuestiones deportivas, como el cese del entrenador Sandoval, y nunca para asuntos económicos, reiterando que Jesús León gestionaba el club prácticamente en solitario. Dijo haber conocido la existencia de la adenda en enero de 2019 y que nunca fue informado de la salida de 1,5 millones de euros. En cuanto a la situación financiera, concluyó: “No es que hubiera tensión; es que no se cobraba. Había auténticas penurias”.
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