La denuncia contra el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, por el supuesto intento de agresión contra el jefe de servicio de inspección sigue trayendo cola, a pesar de su archivo. Un funcionario del departamento que declaró como testigo en el caso que fue investigado por el Consell de Mallorca, tras una denuncia interna, ha presentado un escrito en la institución en el que asegura que hubo irregularidades en la investigación. En su día se negó a firmar el acta del caso por las “incorrecciones” que se plasmaron sobre sus declaraciones y ahora denuncia que se recogieron “falsedades” y “contradicciones” y apunta a la responsabilidad de los miembros de la comisión por “presunto encubrimiento” de la actitud del titular de Turismo y “falsedad de documento público”.
El pasado enero trascendió la denuncia anónima presentada en diciembre de 2024 a través del Sistema interno de información del Consell, que se implantó a finales del año pasado para informar sobre infracciones normativas y luchar contra la corrupción, por lo que debe garantizar la confidencialidad en la identidad de los denunciantes. Revelaba un supuesto intento de agresión, amenazas y coacciones contra empleados públicos e injerencias con los expedientes —entre ellos el del agroturismo ilegal de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo— e irregularidades como el amaño de la plaza de una funcionaria. La comisión investigadora, tras entrevistar a testigos, la víctima del supuesto intento de agresión y los acusados (Rodríguez y la directora insular de Ordenación Turística, Clara del Moral), finalmente, archivó la denuncia al “quedar constancia” de que no había infracción penal o administrativa grave o muy grave. El caso se resolvió de forma acelerada para cerrar la crisis con el conseller del PP como protagonista, quien negó los hechos asistido por un abogado.
Un segundo escrito de discrepancia
El funcionario testigo del supuesto intento de agresión que en el mismo expediente dejó constancia de su negativa a firmar el acta de su declaración, exige —en el escrito que presentó el 31 de marzo ante la secretaría técnica de Presidencia del Consell— que en el acta se refleje “la verdad de mi declaración sin perjuicio de ejercer las acciones legales pertinentes”, advierte, al haberse intentado que firmase a sabiendas de que “no se ajusta a la realidad” y se tratase de “minimizar los hechos”. Solicita que se revise tanto su testimonio como “otro escrito de discrepancia de otro testimonio”.
El trabajador público relata que advirtió el 5 de febrero por el borrador del acta que se le envió que había “irregularidades” con “declaraciones que yo no había hecho o que se habían tergiversado y que faltaban otras que sí que había hecho”. Hasta “en tres ocasiones” manifestó que “no se ajustaba” a lo que declaró. Aun así se emitió el informe de conclusiones. “Llama la atención la urgencia de la comisión por cerrar el expediente” cuando tanto él como otro funcionario no estaban conformes. Asegura que “las conclusiones no se ajustan a la realidad de los hechos expuestos” durante la investigación.
Afirma que hay declaraciones que no hizo o que “se tergiversaron y que faltaban otras que sí que había hecho”
Niega que sea cierto que había una columna que le impedía ver el interior de la sala donde el conseller Rodríguez discutía con el jefe de inspección cuando se produjo el supuesto amago de agresión. Sostiene que “es absolutamente falso que yo reconociera, ni que dijese, que estaba sentado de espaldas”, lo que “se puede considerar falsedad en documento público”, afirma. Y critica que se “discrimina su testimonio” respecto de otros cuando relató que por el ruido que oía estaba pendiente de lo que pasaba durante la discusión.
Acusa a la comisión de “actuar de forma totalmente tendenciosa” y deja constancia “sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes” del intento de hacerle firmar un acta “redactada de forma tendenciosa y desprovista de toda objetividad y de la realidad”. El testigo advierte de posible responsabilidad de los miembros de la comisión “por presunto encubrimiento de intento de agresión y falsedad en documento público, entre otros delitos contra la administración pública”. De la instrucción “se presume mala fe, falsedad en documento público y falta de objetividad”, asegura.
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